El pasado 27 de enero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que presentaría una iniciativa legislativa en la Asamblea de Madrid para que el Ejecutivo de Zapatero modifique la Ley del Menor. Ayer, mes y medio después, el portavoz del PP en el Parlamento regional, David Pérez, registró una Proposición no de Ley en la Cámara madrileña para que comience su tramitación.
La propuesta, que ha sido estudiada por una comisión de expertos, se elevará al Congreso de los Diputados tras ser aprobada después de su debate en el Pleno de la Cámara. El órdago al Gobierno central fue motivado por la reincidencia de «El Rafita» en delitos de robo con fuerza en régimen de libertad vigilada.
Como ya anunció la presidenta regional, la intención es que jóvenes condenados por delitos graves sobre los que se demuestre, mediante exámenes, que no están reinsertados puedan ingresar en la cárcel al cumplir los 18.
Para muestra, un botón
Rafael García Fernández fue uno de los cuatro condenados por el asesinato de Sandra Palo en 2003. Cuando raptaron a la joven, la violaron —no se demostró que «El Rafita» estuviera implicado en la agresión sexual—, la atropellaron reiteradamente y la quemaron aún viva, Rafael tenía 14 años. El juez le condenó a cuatro años de internamiento en un centro de menores y a tres de libertad vigilada. El 25 de junio de este año finaliza su régimen de libertad bajo control y con él se borra su expediente penal para siempre.
De aprobarse en el Congreso la proposición del PP madrileño, a partir de su fecha de aplicación, un personaje como «El Rafita» podría ser condenado a una pena superior; se le podría trasladar a la cárcel al cumplir los 18 años para computar su castigo, y contaría con antecedentes penales en su edad de adulto.
Uno de los aspectos a destacar de la proposición que llegará a la Asamblea de Madrid en los próximos días es que serían excepcionales los casos en los que no se trasladaría a la cárcel a un delincuente acusado de delitos graves. En la actual Ley es al contrario. Son excepcionales los que computan la pena en un centro penitenciario.
Con esta Proposición se insta al Gobierno a reformar la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, ya que consideran que la reforma que el Ejecutivo Central llevó a cabo, «con un escaso consenso», en 2006 es insuficiente. Esta reforma, dicen los populares, salió adelante con los votos en contra del PP «por no recoger las modificaciones que consideraba y considera imprescindibles».
En la exposición de motivos de la propuesta del PP se hace hincapié en el hecho de que la Comunidad creó en 2004 la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del menor infractor. Desde este órgano «se han conseguido los mejores resultados en materia de reinserción alcanzando lo que ninguna otra Comunidad Autónoma ha conseguido: el 89% de los menores que pasan por estos centros se reinsertan de manera efectiva». Sin embargo, aluden a que cualquier actuación en esta materia «se ve limitada por el actual marco legislativo».
Por su parte, el Gobierno de la Nación ha reiterado en numerosas ocasiones su negación a someter a la Ley del Menor a una nueva reforma.
La propuesta, que ha sido estudiada por una comisión de expertos, se elevará al Congreso de los Diputados tras ser aprobada después de su debate en el Pleno de la Cámara. El órdago al Gobierno central fue motivado por la reincidencia de «El Rafita» en delitos de robo con fuerza en régimen de libertad vigilada.
Como ya anunció la presidenta regional, la intención es que jóvenes condenados por delitos graves sobre los que se demuestre, mediante exámenes, que no están reinsertados puedan ingresar en la cárcel al cumplir los 18.
Para muestra, un botón
Rafael García Fernández fue uno de los cuatro condenados por el asesinato de Sandra Palo en 2003. Cuando raptaron a la joven, la violaron —no se demostró que «El Rafita» estuviera implicado en la agresión sexual—, la atropellaron reiteradamente y la quemaron aún viva, Rafael tenía 14 años. El juez le condenó a cuatro años de internamiento en un centro de menores y a tres de libertad vigilada. El 25 de junio de este año finaliza su régimen de libertad bajo control y con él se borra su expediente penal para siempre.
De aprobarse en el Congreso la proposición del PP madrileño, a partir de su fecha de aplicación, un personaje como «El Rafita» podría ser condenado a una pena superior; se le podría trasladar a la cárcel al cumplir los 18 años para computar su castigo, y contaría con antecedentes penales en su edad de adulto.
Uno de los aspectos a destacar de la proposición que llegará a la Asamblea de Madrid en los próximos días es que serían excepcionales los casos en los que no se trasladaría a la cárcel a un delincuente acusado de delitos graves. En la actual Ley es al contrario. Son excepcionales los que computan la pena en un centro penitenciario.
Con esta Proposición se insta al Gobierno a reformar la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, ya que consideran que la reforma que el Ejecutivo Central llevó a cabo, «con un escaso consenso», en 2006 es insuficiente. Esta reforma, dicen los populares, salió adelante con los votos en contra del PP «por no recoger las modificaciones que consideraba y considera imprescindibles».
En la exposición de motivos de la propuesta del PP se hace hincapié en el hecho de que la Comunidad creó en 2004 la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del menor infractor. Desde este órgano «se han conseguido los mejores resultados en materia de reinserción alcanzando lo que ninguna otra Comunidad Autónoma ha conseguido: el 89% de los menores que pasan por estos centros se reinsertan de manera efectiva». Sin embargo, aluden a que cualquier actuación en esta materia «se ve limitada por el actual marco legislativo».
Por su parte, el Gobierno de la Nación ha reiterado en numerosas ocasiones su negación a someter a la Ley del Menor a una nueva reforma.
Nota: Noticia publicada el 13/Marzo/2010. www.abc.es
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