El principal argumento de los letrados para oponerse al no cumplimiento por parte de Ramón S.J. de una libertad vigilada es que este tipo de medidas buscan la socialización de un condenado y, en este caso, se trata de una medida preventiva necesaria.
Los precedentes respecto a otros menores condenados por la muerte de Sandra Palo que ya han salido en libertad, como el caso Rafael F.G., 'El Rafita', "marcan que la reinserción" no se ha producido, han destacado las mismas fuentes.
Ramón S.J., que tenía 16 años cuando cometió el crimen en compañía de 'El Rafita', otro tercer menor de edad y un adulto, comenzó a cumplir su condena de ocho años de internamiento que le fue impuesta en octubre de 2003 en un centro de menores.
A mediados de 2009, al cumplir 23 años, pasó al centro penitenciario de Estremera (Madrid), que abandonó el pasado día 9.
El joven ha contado con informes favorables sobre su evolución tanto del centro penitenciario como del centro de menores.
Por su parte, el Ministerio Público y la defensa de Ramón S.J. justificaron su solicitud de revocación de las medidas de control en el artículo 14.4 de la Ley del Menor, que establece que cuándo estos pasen a cumplir la pena de internamiento en un centro penitenciario "quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores que estuvieren pendientes de cumplimiento sucesivo".
La Ley del Menor permite esta posibilidad "redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta". EFE
Nota: Noticia publicada el 21/Junio/2011. www.abc.es
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