Está considerado «el crimen más vil de la historia penal española». No faltan argumentos que sustenten esta afirmación. A Sandra Palo Bermúdez, una chica de 22 años, getafense y con una pequeña discapacidad psíquica, la raptaron, la violaron tres personas, la atropellaron 15 veces y la quemaron con gasolina cuando aún le quedaba vida. Es uno de esos casos que jamás se olvidan. Como tampoco se escapa del recuerdo que fueron tres menores y un mayor de edad los condenados por el crimen. Por ello, las penas fueron de lo más dispar: mientras que a Francisco Javier Astorga Luque, «El Malaguita», que cuando ocurrió el suceso tenía 18 años, se le condenó a 64 años de prisión, a los otros tres encausados, de 14 y 17 años entonces, les cayeron un máximo de ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada.
Rafael García Fernández, alias «Pumuki» o «Rafita», es el que mejor parado salió del proceso judicial. Apenas tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos. Un niño. Según él mismo declaró, fue el único que no participó en la violación múltiple, de ahí que su pena sea la inferior: cuatro años de internamiento en un centro de reinserción de menores y tres de libertad vigilada. El miércoles saldrá a la calle. El 5 de diciembre cumplirá 19 años. Ya no es un niño.
Y, para muchos, nunca lo ha debido de ser, a juzgar por la salvajada en la que participó aquella madrugada del 17 de mayo de 2003, cuando con sus amigos raptó a Sandra y su novio mientras éstos volvían a casa tras una noche de fiesta. Tras deshacerse del chico, los cuatro jóvenes delincuentes retuvieron a Sandra en el coche, la llevaron a un descampado a la altura de Leganés y le rompieron la vida. Un camionero encontró el cuerpo, parcialmente carbonizado, en una cuneta. Empezaba entonces un enorme drama familiar, pero también la lucha de unos padres por cambiar unas leyes que les parecen a la medida de los delincuentes, nunca de las víctimas y de la atrocidad de los delitos. «Rafita» y sus compañeros de fechoría jamás han mostrado el menor arrepentimiento.
Acumulaban 700 denuncias
Lo que hicieron aquella noche no fue, ni mucho menos, una experiencia totalmente nueva para esta banda. Los cuatro acumulaban ya entonces alrededor de 700 denuncias. Cada vez que se le detenía, «Rafita» pasaba por una puerta y salía por otra. En los centros, cuando llegaba, preguntaba qué había de cenar, y, si no le gustaba, se iba.
Rafael García Fernández y su familia -los padres y los cinco hermanos- proceden del poblado chabolista de Las Mimbreras. Fueron realojados en una vivienda de Leganés a mediados de 1999. Sin embargo, el aumento de la inseguridad provocó las protestas de los vecinos, por lo que se les volvió a trasladar, esta vez, a la avenida de Villaviciosa, en Alcorcón. Y, de nuevo, las quejas vecinales. «Rafita», por tanto, creció en un entorno en el que se convirtió en normal ver entrar y salir de la cárcel al cabeza de familia. «Cuando le juzgaron por lo de mi hija, el padre acababa de salir de prisión» por un delito de sangre, comenta María del Mar Bermúdez, madre de Sandra.
El historial delictivo de este chaval comenzó a los 7 años. Con esa edad ya era un «tironero». A los 11 años, pertenecía a la llamada «banda del chupete», bastante conocida: rompían farolas, robaban, quemaban coches en los garajes de Alcorcón. ABC ya daba cuenta, ocho meses antes del asesinato de Sandra, de las tropelías de «Rafita» y sus hermanos. Cuando sólo tenía 13 años, al homicida no se le ocurrió otra cosa que, como un francotirador, disparar desde su casa con una escopeta de perdigones sobre un hombre y una mujer, a los que hirió. El menor había estado internado en un centro de menores del distrito madrileño de Chamberí. Pero perdió su plaza, y volvió con sus padres. Dos de sus hermanos, con sólo 7 y 10 años, también fueron internados después de que la Comunidad de Madrid se hiciera cargo de su tutela. Los vecinos llegaron a recoger cerca de un millar de firmas por los problemas que originaba la «banda del chupete» y hubo que incrementar la presencia policial en la zona.
Pero «Rafita» no cejaba en su empeño de causar el mal. Cometió varios intentos de agresión sexual, y se dio a la moda del «alunizaje» en escaparates de comercios. La madre se dedicaba a vender en el mercadillo del barrio vallecano de Entrevías lo que sus hijos, Francisco y «El Bubu», robaban en comercios.
Así es como «Rafita» o «Pumuki» llegó a la noche del crimen de Sandra Palo, en semejantes compañías, entre las que no faltaban tampoco las del propio «Malaguita», que es su primo, y las de Juan Ramón Manzano Manzano y Ramón Santiago Jiménez, alias «Ramoncín» y «Ramón», respectivamente, los otros implicados en el crimen.
«La estampó muchas veces»
«Íbamos a dar un "palo", pero mi primo, al ver a Sandra y su novio, cambió de planes. A punta de navaja les obligó a meterse en el coche». Así relataba «Rafita», en el juicio contra «El Malaguita», lo ocurrido aquel 17 de mayo. «Me dijeron -prosiguió- que la iban a violar en un descampado. Ella insistía en que la dejaran irse. No la dejaron. Cuando se vestía, mi primo decidió atropellarla. Muchas veces. La estampó contra la pared de la fábrica; ella se levantaba y andaba, y así una y otra vez. Nos marchábamos ya, y decidieron quemarla. Aún movía los brazos. Le echaron un litro de gasolina».
Tras este relato, espeluznante, no resulta extraño que el grupo tuviera la sangre fría, antes de ser detenidos, de jactarse de la barbaridad cometida. En los círculos en los que se movían, nada recomendables, se jactaban: «¡Cuidado, que quemo; cuidado, que mato!» o «¡Le hemos dado la muerte del Torete!».
La primera detención llegó unas tres semanas después del suceso. «Ramón» fue sorprendido por la Policía mientras robaba, junto a su novia, un «jaguar». Su testimonio fue fundamental para detener a «Ramoncín». Luego, cayeron «El Malaguita», en un poblado chabolista, y «Rafita», este último escondido en la furgoneta de sus padres. En octubre, durante el juicio de los menores, uno de ellos amenazó a la familia de Sandra con el gesto de cortarles el cuello.
Hostilidad, ira, agresiones...
A «Rafita» apenas le quedan tres días de internamiento. Los informes técnicos que obran en poder del juez indican que su conducta sólo ha avanzado en dos aspectos: se lava y tiene interés por la carpintería. Por lo demás, se le aprecian accesos de ira, egocentrismo, inadaptación, hostilidad, marginalidad crónica, bajo autocontrol... y ha acumulado varias sanciones por agresión. La vida entre rejas para un «violeta» -apelativo que se utiliza en la jerga carcelaria para los violadores- no es nada fácil. Funciona la Ley del Talión.
Los padres de Sandra quieren que estos tres años de libertad vigilada los pase «Rafita» fuera de la Comunidad de Madrid y bajo permanente control. Mientras, ellos intentan seguir adelante, pese al tratamiento farmacológico contra la depresión de María del Mar y los cuatro infartos de Paco, su marido, sufridos en muy poco tiempo. Quieren que su caso y la Ley del Menor española acaben en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya ha dicho que este Gobierno no tocará la ley, pese al clamor social.
En octubre se revisarán las condenas de «Ramón» y «Ramoncín». Si nada cambia, dentro de 4 años serán ellos los que saldrán a la calle. Como «Rafita».
Y, para muchos, nunca lo ha debido de ser, a juzgar por la salvajada en la que participó aquella madrugada del 17 de mayo de 2003, cuando con sus amigos raptó a Sandra y su novio mientras éstos volvían a casa tras una noche de fiesta. Tras deshacerse del chico, los cuatro jóvenes delincuentes retuvieron a Sandra en el coche, la llevaron a un descampado a la altura de Leganés y le rompieron la vida. Un camionero encontró el cuerpo, parcialmente carbonizado, en una cuneta. Empezaba entonces un enorme drama familiar, pero también la lucha de unos padres por cambiar unas leyes que les parecen a la medida de los delincuentes, nunca de las víctimas y de la atrocidad de los delitos. «Rafita» y sus compañeros de fechoría jamás han mostrado el menor arrepentimiento.
Acumulaban 700 denuncias
Lo que hicieron aquella noche no fue, ni mucho menos, una experiencia totalmente nueva para esta banda. Los cuatro acumulaban ya entonces alrededor de 700 denuncias. Cada vez que se le detenía, «Rafita» pasaba por una puerta y salía por otra. En los centros, cuando llegaba, preguntaba qué había de cenar, y, si no le gustaba, se iba.
Rafael García Fernández y su familia -los padres y los cinco hermanos- proceden del poblado chabolista de Las Mimbreras. Fueron realojados en una vivienda de Leganés a mediados de 1999. Sin embargo, el aumento de la inseguridad provocó las protestas de los vecinos, por lo que se les volvió a trasladar, esta vez, a la avenida de Villaviciosa, en Alcorcón. Y, de nuevo, las quejas vecinales. «Rafita», por tanto, creció en un entorno en el que se convirtió en normal ver entrar y salir de la cárcel al cabeza de familia. «Cuando le juzgaron por lo de mi hija, el padre acababa de salir de prisión» por un delito de sangre, comenta María del Mar Bermúdez, madre de Sandra.
El historial delictivo de este chaval comenzó a los 7 años. Con esa edad ya era un «tironero». A los 11 años, pertenecía a la llamada «banda del chupete», bastante conocida: rompían farolas, robaban, quemaban coches en los garajes de Alcorcón. ABC ya daba cuenta, ocho meses antes del asesinato de Sandra, de las tropelías de «Rafita» y sus hermanos. Cuando sólo tenía 13 años, al homicida no se le ocurrió otra cosa que, como un francotirador, disparar desde su casa con una escopeta de perdigones sobre un hombre y una mujer, a los que hirió. El menor había estado internado en un centro de menores del distrito madrileño de Chamberí. Pero perdió su plaza, y volvió con sus padres. Dos de sus hermanos, con sólo 7 y 10 años, también fueron internados después de que la Comunidad de Madrid se hiciera cargo de su tutela. Los vecinos llegaron a recoger cerca de un millar de firmas por los problemas que originaba la «banda del chupete» y hubo que incrementar la presencia policial en la zona.
Pero «Rafita» no cejaba en su empeño de causar el mal. Cometió varios intentos de agresión sexual, y se dio a la moda del «alunizaje» en escaparates de comercios. La madre se dedicaba a vender en el mercadillo del barrio vallecano de Entrevías lo que sus hijos, Francisco y «El Bubu», robaban en comercios.
Así es como «Rafita» o «Pumuki» llegó a la noche del crimen de Sandra Palo, en semejantes compañías, entre las que no faltaban tampoco las del propio «Malaguita», que es su primo, y las de Juan Ramón Manzano Manzano y Ramón Santiago Jiménez, alias «Ramoncín» y «Ramón», respectivamente, los otros implicados en el crimen.
«La estampó muchas veces»
«Íbamos a dar un "palo", pero mi primo, al ver a Sandra y su novio, cambió de planes. A punta de navaja les obligó a meterse en el coche». Así relataba «Rafita», en el juicio contra «El Malaguita», lo ocurrido aquel 17 de mayo. «Me dijeron -prosiguió- que la iban a violar en un descampado. Ella insistía en que la dejaran irse. No la dejaron. Cuando se vestía, mi primo decidió atropellarla. Muchas veces. La estampó contra la pared de la fábrica; ella se levantaba y andaba, y así una y otra vez. Nos marchábamos ya, y decidieron quemarla. Aún movía los brazos. Le echaron un litro de gasolina».
Tras este relato, espeluznante, no resulta extraño que el grupo tuviera la sangre fría, antes de ser detenidos, de jactarse de la barbaridad cometida. En los círculos en los que se movían, nada recomendables, se jactaban: «¡Cuidado, que quemo; cuidado, que mato!» o «¡Le hemos dado la muerte del Torete!».
La primera detención llegó unas tres semanas después del suceso. «Ramón» fue sorprendido por la Policía mientras robaba, junto a su novia, un «jaguar». Su testimonio fue fundamental para detener a «Ramoncín». Luego, cayeron «El Malaguita», en un poblado chabolista, y «Rafita», este último escondido en la furgoneta de sus padres. En octubre, durante el juicio de los menores, uno de ellos amenazó a la familia de Sandra con el gesto de cortarles el cuello.
Hostilidad, ira, agresiones...
A «Rafita» apenas le quedan tres días de internamiento. Los informes técnicos que obran en poder del juez indican que su conducta sólo ha avanzado en dos aspectos: se lava y tiene interés por la carpintería. Por lo demás, se le aprecian accesos de ira, egocentrismo, inadaptación, hostilidad, marginalidad crónica, bajo autocontrol... y ha acumulado varias sanciones por agresión. La vida entre rejas para un «violeta» -apelativo que se utiliza en la jerga carcelaria para los violadores- no es nada fácil. Funciona la Ley del Talión.
Los padres de Sandra quieren que estos tres años de libertad vigilada los pase «Rafita» fuera de la Comunidad de Madrid y bajo permanente control. Mientras, ellos intentan seguir adelante, pese al tratamiento farmacológico contra la depresión de María del Mar y los cuatro infartos de Paco, su marido, sufridos en muy poco tiempo. Quieren que su caso y la Ley del Menor española acaben en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya ha dicho que este Gobierno no tocará la ley, pese al clamor social.
En octubre se revisarán las condenas de «Ramón» y «Ramoncín». Si nada cambia, dentro de 4 años serán ellos los que saldrán a la calle. Como «Rafita».
Nota: Noticia publicada el 24/Junio/2007. www.abc.es
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